El Libertario
Características de los sistemas democráticos.

La palabra “democracia” procede de dos términos griegos; démos, pueblo, y krátos, poder. Se utiliza, pues, el término democracia para designar aquellos sistemas políticos en los que el poder lo tiene el pueblo. Para entender en qué consiste un sistema democrático es preciso fijarse en algunos conceptos claves que a continuación se señalan:

Soberanía popular.

En los sistemas democráticos el “pueblo” son “todos los ciudadanos” que residen permanentemente en un territorio y que disfrutan de la mayoría de edad legal. Y sólo el “pueblo” puede decidir, y de esta manera legitimar, quiénes son los que le van a gobernar.

Igualdad política y partidos políticos.

Son “todos” los ciudadanos los que pueden elegir y ser elegidos para ocupar un cargo público. En el mundo actual ya no es posible la democracia directa de Atenas. Debido a la complejidad de las sociedades, y al gran número de personas que las componen, las democracias modernas son “democracias de partidos”. El medio normal de participación en la vida política de los ciudadanos lo constituyen los partidos políticos. Es preciso, pues, que exista una pluralidad de partidos políticos y que éstos posean la posibilidad de exponer libremente sus ideas. Si no hay oferta de ideas y de programas políticos diferentes, los ciudadanos carecen de la posibilidad de elegir a aquellos que puedan representar sus ideas sobre cómo organizar la sociedad.

Las democracias actuales son “representativas” o “indirectas”, puesto que los ciudadanos delegan en otros –en los dirigentes de los partidos- la solución de los asuntos públicos. Ello implica que los gobernantes deben ganarse la confianza de los ciudadanos para que éstos, en las elecciones que se celebran periódicamente, les renueven el voto en lugar de retirárselo.

Para poder corregir los errores en estos modelos democráticos debemos comenzar a movernos hacia otros modelos de democracia directa viables; como la democracia participativa o la democracia deliberativa; y finalmente instituir una :”Deliberative e-Democracy”. Pero jamas dejando el modelo de Republica Constitucional; para siempre tener un “gobierno de leyes y no de hombres” (John Adams), y evitar la tiranía populista.

La igualdad jurídica.

Los Estados democráticos son también Estados de derecho porque en ellos todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Esta “igualdad jurídica” entre todos los ciudadanos es también una exigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para que la igualdad jurídica sea efectiva se requiere que haya separación entre los poderes del Estado, tal y como propuso Montesquieu en el siglo XVIII. El poder legislativo (parlamento) se encarga de hacer las leyes, el poder ejecutivo (gobierno) se encarga de aplicarlas, hacer que se cumplan, y el poder judicial (los jueces) que decide si se cumplen o no, han de ser independientes.

Frente a las monarquías absolutas que dominaron en Europa a lo largo de varios siglos y en las que todo el poder estaba en manos del monarca, la separación de poderes supuso una gran conquista en la lucha por la igualdad jurídica.

Mayorías y minorías.

En las democracias modernas las decisiones de adoptan normalmente de acuerdo con lo que dice la mayoría del Parlamento, después de un debate sobre el tema en cuestión. Este mecanismo de toma de decisiones conlleva una serie de problemas: ¿los gobiernos y los parlamentos deben gobernar y legislar para todos los ciudadanos o solamente para defender los intereses de aquellos a los que representa la mayoría parlamentaria?; ¿hasta qué punto hay que respetar a las minorías? Para poder dar una respuesta a estas cuestiones lo primero que hay que tener en cuenta son los requisitos que deben darse para que una decisión tomada por el Parlamento sea realmente democrática.

Se necesita en primer lugar que todos los ciudadanos tengan acceso a una información lo más objetiva posible sobre el tema en cuestión y que no esté manipulada por los medios de comunicación. Además, que ningún ciudadano se sienta amenazado o coaccionado por la libre expresión de sus ideas respecto al tema. Si estas dos condiciones se cumplen y las posiciones de los ciudadanos llegan al Parlamento a través de sus representantes políticos y se debate sobre ellas, se puede decir que la decisión que adopte la mayoría es una decisión democrática. Además, cualquier decisión democrática ha de intentar ser justa: es decir, ha de intentar coordinar los intereses de los representados por la mayoría parlamentaria con los de todos los ciudadanos.

Las minorías no pueden pretender imponer sus votos por la fuerza, ya que eso contradice la esencia de la democracia y pervierte el mecanismo democrático. Su papel consiste en tratar de convencer a los gobernantes de que su acción de gobierno debe respetar siempre las libertades y los derechos de todos y no solamente los de la mayoría. Por eso, la regla de oro del juego democrático es el respeto a los derechos humanos y a la Constitución de cada país.

Respeto a los derechos humanos.

De todos los sistemas de gobierno conocidos hasta la actualidad, la democracia es el único compatible con los valores proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 21:

  • Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
  • Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país.
  • La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que ha de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Los déficits de la democracia.

La democracia, aunque sea el menos malo de los sistemas de gobierno, es un sistema vulnerable y frágil. Ya Rousseau hace referencia a ello señalando que los seres humanos se olvidan fácilmente del bien común y buscan con denuedo sus intereses y pasiones privadas. Por eso, la democracia siempre está amenazada por ciertos males morales como el egoísmo, la corrupción, la prepotencia o la ambición. Pero, a pesar de ello, la ventaja indiscutible de las sociedades democráticas es que siempre se puede sustituir a un gobernante por otro sin derramamiento de sangre, sin violencia.

A continuación nos referimos a algunos de los problemas más frecuentes que acucian a la democracia:

La falta de participación.

Un dato preocupante para el funcionamiento de las democracias actuales es el bajo índice de participación que se da en muchos procesos electorales, porque puede significar que los ciudadanos confían poco en las instituciones democráticas y en los partidos políticos, a los que ven muy alejados de sus problemas reales.

La mejor solución para este problema es la búsqueda de mecanismos y ámbitos de participación cercanos a los ciudadanos, sobre todo en su vida local y regional. Además, la democracia es algo más que acudir a las urnas cada cierto tiempo. Es una forma y un estilo de vida que exige un compromiso de participación activa a través de asociaciones, sindicatos, ONG, u otro tipo de organizaciones sociales cuyo objetivo es mejorar la vida ciudadana y controlar al gobierno.

Si los ciudadanos se abstienen de participar y controlar a sus gobernantes, y si son muy pocos los que se interesan por los asuntos políticos, el riesgo de corrupción y de abuso de poder puede ir socavando los fundamentos los fundamentos de una verdadera democracia. la información tendenciosa. La democracia exige una información clara y objetiva acerca de los temas sobre los que los ciudadanos han de tener una opinión y un razonamiento fundado. Sin información no puede haber opinión y mucho menos opinión fundamentada. Y sin opiniones fundamentadas somos presa fácil de la manipulación.

Los medios de comunicación, a través de los que la información llega a los ciudadanos, poseen un papel tan importante en las sociedades democráticas actuales que se ha hablado de ellos como un “cuarto poder”. También se ha dicho que la democracia actual es una democracia “mediática”, debido a que la imagen de los políticos y sus apariciones en televisión son, en gran medida, lo que determina el voto de los ciudadanos. En la sociedad del ocio y del espectáculo en la que vive el hombre de hoy, los votantes no suelen conocer los programas de los partidos políticos ni suelen leer los discursos de los líderes políticos, sino que la mayoría decide su voto por la opinión que se forja de ellos a través de la televisión.

Por eso, para que la democracia funcione adecuadamente, los medios de comunicación y de difusión han de ser libres, plurales y estar al servicio de la verdad y no de los intereses políticos y económicos de sus propietarios. Sin embargo, las cosas no van en esa dirección, con lo que esto supone de deterioro del sistema democrático. Es frecuente la utilización interesada de los medios de comunicación, lo que les importa tanto la verdad y la información objetiva cuanto la defensa ideológica e intereses de los propietarios de tales medios.

La desigualdad económica.

Si la democracia es un sistema de libertades y de derechos para todos los ciudadanos, tendría que conseguir un reparto de bienes y de recursos que fuera “suficiente” para todos, tendría que proporcionar una “igualdad económica”. Sin embargo, en la práctica totalidad de los países democráticos, se está muy lejos de esta situación, y mucho más lejos aún si se ve el problema desde el punto de vista internacional. Los sistemas democráticos no garantizan la igualdad económica de sus ciudadanos y, por ello, los más desfavorecidos, no tienen en gran estima esta forma de gobierno.

© Partido Libertario de Puerto Rico

Postura sobre el aborto.

"El poder de elección lo tiene usted. Pero lo perderá cuando se imagine que usted puede elegir por los demás. Porque no puede." - Harry Browne

El aborto es un tema delicado y las personas pueden tener diferentes puntos de vista, que pueden desprenderse de una sincera y real preocupación por el bien común o por cuestiones religiosas, éticas o morales. Pero el estado debe mantenerse fuera del asunto; las opiniones religiosas, éticas o morales son de los individuos y no del estado. El estado no puede infringir las libertades personales de nadie, ni imponer la opinión de la mayoría sobre las minorías ni los individuos. El gobierno  debe dejar la decisión a cada persona para que en examen de conciencia, y en su particular situación y realidad, tome la decisión.

Terminar con la prohibición.

"Los vicios son simplemente los errores que un hombre comete en la búsqueda de su propia felicidad. Al contrario que los delitos, no implican malicia hacia otros, ni interferencia con sus personas o propiedades." - Lysander Spooner

Terminar con la prohibición.

En los vicios falta la verdadera esencia del delito (esto es, la intención de lesionar la persona o propiedad de otro). Es un principio legal que no puede haber delito sin voluntad criminal; esto es, sin la voluntad de invadir la persona o propiedad de otro. Pero nunca nadie practica un vicio con esa voluntad criminosa. Practica su vicio solamente por su propia satisfacción y no por malicia alguna hacia otros.

Nuestro sistema de justicia penal no puede hacer justicia a las víctimas de delitos, ya que gasta una enorme cantidad de recursos en combatir vicios y en los “crímenes” que no perjudican directamente a la persona o propiedad de otro. Más de 350.000 estadounidenses están en la cárcel hoy por ser perpetradores (o cómplices) de delitos no violentos, como juegos de azar, el consumo de drogas, prostitución, etc. En adicional que 1.5 millones se encuentra en libertad condicional o probatoria.

El costo anual de detener y castigar a las personas por estos delitos consensuales es más de $50,000,000,000 (cincuenta mil millones). No es de extrañar que estemos tan cortos de recursos para proteger a las víctimas de crímenes reales, como el asalto, el robo, la violación y los asesinatos. De todas nuestras estrategias actuales de aplicación de la ley, ninguna ha fallado de forma tan dramática - y con resultados tan devastadores - como la "guerra contra las drogas". Al tratar de resolver el problema de las drogas de Estados Unidos a través de la ley penal, el gobierno está repitiendo los mismos errores hace 75 años que cometió durante la prohibición del alcohol. Así como la prohibición del alcohol dieron a Estados Unidos; la mafia y los tiroteos en las calles; la prohibición de las drogas nos ha llevado a las “gangas callejeras”; las guerras de puntos y de residenciales.  Al mismo tiempo, la prohibición de drogas ha fracasado estrepitosamente en su objetivo principal - la reducción del uso de drogas.

La correlación entre la prohibición de las drogas y la violencia ya no puede ponerse en duda. Estados Unidos tuvo su más alto índice de asesinatos durante los años de prohibición. En los años posteriores a derogar la prohibición la tasa de homicidios ha disminuido constantemente. Sólo después del comienzo de la represión de las drogas ilegales en la década de 1960 hizo las tasas de homicidios comenzaran a subir nuevamente. Hoy en día la tasa de homicidios de nuevo se parece a los años de la prohibición del alcohol. Añadiendo que otros factores, como la desintegración de la familia y el aumento del estado de mantengo sin duda ha contribuido a este aumento, existe un vasto conjunto de pruebas y análisis científico-estadísticos que vinculan la "guerra contra las drogas" a una mayor violencia y el crimen.

La prohibición de las drogas conduce a una mayor violencia y el crimen de tres maneras importantes.

En primer lugar (1), un mercado negro de las drogas llevará inevitablemente a la violencia. Esto incluye el clásico enfrentamiento de las “guerras territoriales” por los puntos de droga, así como el asesinato de informantes, las estafas, la venganza, etc. Estos actos de violencia se producen porque no hay un método pacífico y legal para los traficantes de drogas para resolver las disputas en los tribunales y, debido a que las penas por tráfico de drogas son tan graves, penas adicionales por el asesinato o la violencia son un obstáculo débil.

En segundo lugar (2), porque la prohibición de drogas aumenta en gran medida el costo de las drogas, los usuarios suelen robar para mantener a sus hábitos. De hecho, se estima que un adicto debe robar un valor de $600 en artículos o bienes en un día para sacar $ 100 de hábito al día. Como resultado, se estima que los drogadictos cometen el 25% de todos los robos de autos, el 40% de los robos a mano armada y asaltos, y el 50% de hurtos en general. El FBI estima el valor de los bienes robados para sustentar los hábitos de drogas en más de $ 6 mil millones por año.

En tercer lugar (3), la prohibición de las drogas desvía los escasos recursos de la ley a usos absurdos e irrelevantes. Cuando la DEA pasa 18 meses haciendo un “surveiling” a una tienda de jardinería (caso en el estado de Georgia), ya que sospecha que los propietarios venden de fertilizantes a las personas que cultivan marihuana, hace poco para proteger a los estadounidenses de la delincuencia real y verdadera. La "guerra contra las drogas"  ha llenado nuestras cárceles más allá de su capacidad. En 1991, las prisiones estatales, en conjunto, estaban operando al 123% de su capacidad. Al menos 34 Estados tienen una orden de la corte para reducir la población carcelaria, que a veces requiere la liberación de criminales - incluyendo delincuentes violentos - a la comunidad. Sin embargo, al mismo tiempo, casi el 60% de todos los reclusos en una prisión federal y una cuarta parte de todos los presos del estado, están allí por delitos relacionados con drogas que son no violentos. Por esta razón, ladrones, violadores y asesinos son dejados en libertad condicional y probatoria; para poder satisfacer la demanda de espacio que los usuarios de drogas pacíficos ponen a las cárceles. Finalmente, la prohibición de drogas ha llevado a cada vez más la violación de los derechos constitucionales. Prácticamente no hay parte de la Carta de Derechos que haya quedado sin transgredir o inmune. Cada vez perdemos más libertades y derechos; para darnos supuesta seguridad. Sufren los inocentes junto con los culpables; justos y pecadores. Necesitamos que se ponga fin a la prohibición de las drogas.

Hoy en día hay expertos, científicos y académicos, agentes del orden, funcionarios públicos y legisladores que apoyan la legalización de las drogas. También hay ganadores del premio Nobel como Gary Becker y Milton Friedman, los jueces federales Robert Sweet y Ed Schwartz; el ex secretario de estado George Shultz; los alcaldes de Kurt Schmoke de Baltimore y Carrie-Saxon Perry de Hartford; el ex congresista George Crocket de Michigan; y los columnistas William F. Buckley, Steve Chapman, Richard Cohen, Mike Royko, Thomas Sowell, y Anthony Lewis.

En periódicos y semanarios como el “The Economist”, “Oakland Tribune” y “The Detroit News” se han publicado un editorial en favor de la legalización. Además, la legalización es apoyada por la Asociación Nacional de Oficiales de la Policías y  Veteranos; el American Bar Association; la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal  y la American Civil Liberties Union. Y, por supuesto, hasta el ex-presidente Clinton y la Cirujano General, Joycelyn Elders, han recomendado que se estudie seriamente la posibilidad de la legalización.